El constitucionalismo es un sistema garantista en el que los poderes públicos velan para que los derechos de la ciudadanía no sean vulnerados. Sin embargo, no todos los derechos son tutelados ni garantizados con los mismos instrumentos. Son los derechos fundamentales los que reciben el mayor grado de protección pues se consideran inherentes a la condición humana.
El derecho a la igualdad y, más específicamente, a la no discriminación por razón de sexo, positivizado en el artículo 14 de nuestra Constitución, es uno de los derechos ampliamente reconocidos como fundamentales. Eso le confiere una doble dimensión: la subjetiva, en la medida en que es susceptible de ser exigido por los individuos, y la objetiva puesto que señala un valor sociojurídico básico del sistema. A mayor abundamiento el Título Preliminar de la Constitución, que recoge los principios informadores del resto del articulado de la Carta Magna, menciona la igualdad como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico (art. 1.1) y no sólo subordina a los poderes públicos a la Constitución sino que les impulsa a facilitar los medios para que esa igualdad sea real y efectiva (arts. 9.1 y 9.2).
El sistema público de sanidad, puesto que forma parte de la administración, está sujeto al mandato constitucional que le impone la prohibición explícita de discriminación por razón de sexo. Este precepto se vulnera de forma regular. Mientras que una disfunción eréctil, por citar un ejemplo, es atendida, una anorgasmia o un vaginismo no suelen ser encauzados desde la sanidad pública. Apreciamos lo mismo al comparar la consideración hacia las implicaciones sexuales de los tratamientos oncológicos en hombres y mujeres. El paciente prostatectomizado probablemente será advertido y acompañado en los cambios de su vida sexual secundarios al abordaje terapéutico. La paciente mastectomizada, por norma general, lo vivirá sola y de forma silenciosa. ¡Ay, claro!… eso es porqué las mamas no son un órgano sexual, ¿verdad? Por un momento la publicidad, el cine, la moda y la sociedad en general me habían convencido de que las mamas y el sexo están relacionados. Menuda idea.
Apreciados lectores:
Nuestra sanidad, a nivel de sexualidad, vulnera la Constitución. Y no lo hace sutilmente sino en su parte dogmática: los valores superiores y los derechos fundamentales. El trato que reciben hombres y mujeres en la esfera de la sexualidad es discriminatorio. Obviamente, políticos, gerentes y sanitarios debemos reflexionar… las usuarias del sistema también.
Dra. Raquel Tulleuda